El paciente puede necesitar ayuda de los profesionales de
los programas terapéuticos residenciales, los administradores de programas de
acogida temporal para las personas que se encuentran sin vivienda, los amigos o
compañeros de vivienda, los profesionales que manejan el caso clínico, las
autoridades religiosas de iglesias y sinagogas, así como de su familia. A
menudo el paciente se resiste a recibir tratamiento, por lo general porque cree
que no necesita tratamiento psiquiátrico y que los delirios o alucinaciones que
experimenta son reales. A menudo es la familia o son los amigos los que
deben tomar decisiones para que el enfermo sea evaluado por un profesional.
Cuando otras personas tomen decisiones de tratamiento, los derechos civiles del
enfermo deben ser tomados en consideración. El consentimiento informado es un
derecho del paciente psiquiátrico establecido por la Declaración de la
Asociación Mundial de Psiquiatría de Hawái en 1977 y la de
la Asociación Médica Mundial de Lisboa en 1981.
Hay leyes que protegen a los pacientes contra el
internamiento involuntario en hospitales. Estas leyes varían de país a
país, pero fundamentalmente el paciente en pleno uso de sus facultades mentales
puede negarse a realizar los procedimientos indicados, por escrito, ejerciendo
su «derecho a vivir su enfermedad» o su «derecho a la enfermedad». Debido a las
restricciones impuestas por la ley, la familia puede sentirse frustrada en sus
esfuerzos de ayudar al enfermo mental grave. Generalmente la policía solo
puede intervenir para que se realice una evaluación psiquiátrica de emergencia
o sea hospitalizado cuando el estado del enfermo representa un peligro para sí
mismo o para otros. Si el enfermo no va por su voluntad a recibir tratamiento,
en algunas jurisdicciones, el personal de un centro de salud mental de la
comunidad puede ir a su casa para evaluarlo.
El paciente puede necesitar ayuda de los profesionales de
los programas terapéuticos residenciales, los administradores de programas de
acogida temporal para las personas que se encuentran sin vivienda, los amigos o
compañeros de vivienda, los profesionales que manejan el caso clínico, las
autoridades religiosas de iglesias y sinagogas, así como de su familia. A
menudo el paciente se resiste a recibir tratamiento, por lo general porque cree
que no necesita tratamiento psiquiátrico y que los delirios o alucinaciones que
experimenta son reales. A menudo es la familia o son los amigos los que
deben tomar decisiones para que el enfermo sea evaluado por un profesional.
Cuando otras personas tomen decisiones de tratamiento, los derechos civiles del
enfermo deben ser tomados en consideración. El consentimiento informado es un
derecho del paciente psiquiátrico establecido por la Declaración de la
Asociación Mundial de Psiquiatría de Hawái en 1977 y la de
la Asociación Médica Mundial de Lisboa en 1981.